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LA OPINIÓN Los principales líderes de Izquierda Unida criticaron ayer la carga policial contra afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Sevilla y pidieron la dimisión del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón. Mientras, los diez militantes detenidos el domingo tras protagonizar varios altercados fueron puestos en libertad tras declarar ante el juez.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, mostró su “completo rechazo a la represión policial” que se saldó con la detención de diez personas, “tras una desproporcionada e injustificada acción de las Fuerzas de Seguridad”. Los sindicalistas fueron arrestados tras ocupar la sede central de la Radiotelevisión Pública andaluza (RTVA) y tratar de cortar la ronda de circunvalación de Sevilla y las vías del AVE como medida de protesta para demandar ayudas económicas a los trabajadores del campo y mejoras para los jornaleros.
Nueve agentes resultaron heridos y contusionados al recibir golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo durante las protestas. Cayo Lara reclamó el cese de López Garzón y lamentó que, a su juicio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no muestre “la misma sensibilidad” con los jornaleros y sus representantes que con los de “la banca y los grandes empresarios”.
Por su parte, el líder del SAT y diputado autonómico de IULVCA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, reclamó igualmente la dimisión de López Garzón al considerar que la policía actuó con “premeditación, alevosía y violencia innecesaria”. Además, anunció denuncias contra la Policía Nacional por “el trato vejatorio y la crueldad” empleada contra miembros del sindicato.
Más protestas. Confirmó que los jornaleros continuarán con las protestas si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones y que tienen preparados varios grupos para “volver a actuar” en las próximas horas y ocupar otras instituciones. En la misma línea, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, rechazó también rotundamente la “represión” de la Policía Nacional y pidió la dimisión del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés.
Valderas criticó que la Policía Nacional “opere de la forma más brutal contra quienes defienden el empleo” y que el Gobierno “frente a la necesidad de una política solidaria y sostenible emplee la mano dura contra los débiles y anuncie a los ricos que no se preocupen porque no pagarán más impuestos”. Los diez militantes detenidos fueron puestos ayer en libertad tras declarar ante el juez.
Después, mantuvieron una asamblea con los cerca de 600 militantes del sindicato que los esperaban en las puertas de los juzgados en la que decidieron que “la lucha continuará en los próximos días”. El SAT reivindica, entre otras medidas, que los trabajadores agrarios cobren también ayudas como los 420 euros mensuales que el Gobierno central ha aprobado para los parados que hayan agotado la prestación por desempleo.
CCOO. Por otra parte, CCOO-Andalucía anunció ayer que planteará a la UGT la próxima semana iniciar una campaña de movilizaciones a partir del 7 de octubre mediante asambleas de trabajadores y reuniones con los desempleados en defensa del empleo, de la protección social y en contra de “todos los que quieren sacar ventaja de la crisis”, según el secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero.
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