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PRINCESA SÁNCHEZ Juan Antonio Roca ya está despedido. El Ayuntamiento de Marbella dictó la resolución el pasado 24 de agosto, aunque no se hiciera pública hasta ayer. El contrato municipal del ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la operación ‘Malaya’ queda rescindido por haber cometido una falta “muy grave”, al no acudir a su puesto de trabajo en “repetidas e injustificadas veces” desde abril del año 2006, tal y como argumenta el documento municipal.
Desde entonces y hasta hoy, está en la cárcel. Precisamente, el 31 de marzo del citado año Roca fue detenido por su implicación en la trama de corrupción urbanística estrechamente vinculada con el Consistorio marbellí e inició un régimen de prisión preventiva hasta celebrar el juicio que aún está pendiente.
No cobraba. Por esta razón y hasta ahora, la relación laboral entre Roca y el Organismo Autónomo Local de Servicios Operativos del Ayuntamiento (antigua Gerencia de Obras y Servicios), al que se encontraba adscrito, estaba suspendida. Es decir, mantenía su puesto de trabajo pero no cobraba.
La situación cambió el pasado 6 de marzo de este año. Ese día, el Ayuntamiento de Marbella tuvo conocimiento de la sentencia firme que condenaba a Roca a cumplir prisión. El juzgado número 7 de lo Penal de Málaga le condenó como autor de dos delitos de tráfico de influencias a una pena de privación de libertad de nueve meses.
En virtud de este fallo, se valió de sus relaciones con el ex alcalde Jesús Gil para favorecer a los promotores que posteriormente constituyeron la sociedad anónima Belmonsa, según cita la resolución consistorial en el apartado de hechos probados.
Disciplinario. En esta sentencia firme se ampara la resolución del despido disciplinario. “Una vez recaída, el contrato deja de tener carácter de suspensión provisional para configurar una causa de despido disciplinario”, incluye el texto. Una medida que la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, confirmó ayer. “Tal y como teníamos previsto, el Ayuntamiento siguió los pasos dictados por sus asesores para presentar las razones que tengan más peso ante un posible recurso por parte de Roca que solicite su readmisión”, explicó.
Por su parte, el PSOE, que hizo público el despido, no está del todo de acuerdo. El concejal socialista Daniel Pérez comparte la figura del despido disciplinario, pero justificado con mayor contundencia. En su opinión, se podrían haber citado los distintos pleitos a los que se enfrenta el ex asesor urbanístico, además “de las pruebas más que suficientes que existen de que no ha mantenido la conducta exigible a un trabajador, tales como la lealtad, la confianza, la honorabilidad, la honradez y la confianza”.
Asimismo, los socialistas creen que la decisión del equipo de gobierno municipal podría haberse hecho efectiva hace cinco meses, una vez dictada la sentencia firme.
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