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EFE El Partido Popular denunció ayer la discriminación en el reparto de subvenciones en materia de vivienda que sufren los ayuntamientos gobernados por el PP, que no recibieron nada para la promoción de VPO entre enero y junio de 2009, mientras que los gobernados por el PSOE concentraron el 94,2 por ciento.
En rueda de prensa, la portavoz de vivienda y vicesecretaria del PP-A, Alicia Martínez, sostuvo que “el abuso de poder del PSOE y el uso partidista del dinero público” se refleja también en las subvenciones para rehabilitación y para la adecuación funcional de viviendas.
Según sus datos, basados en las estadísticas del Ministerio de Vivienda, los consistorios en manos del PSOE obtuvieron el 77,5% de las subvenciones para rehabilitación de viviendas (5,4 millones); los del PP el 5,3% (371.000 euros) y los de IU el 14,8% (un millón de euros).
Las subvenciones para la adecuación funcional de viviendas correspondieron el 94,1% a los ayuntamientos gobernados por los socialistas (3,2 millones), el 5,8 por ciento a los de los andalucistas y nada para los del PP.
Estos datos son “escandalosos”, según la dirigente del PP andaluz, quien añadió que el Partido Popular gobierna al 31 por ciento de la población andaluza (en unos 150 ayuntamientos) y, sin embargo, “recibe seis veces menos de lo que le correspondería” por los conceptos analizados.
El PP pedirá explicaciones al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y reclama una ley de subvenciones para asegurar la transparencia y el reparto con criterios objetivos.
La responsable de vivienda del PP también censuró en su comparecencia la exigencia de la Junta a los ayuntamientos de elaborar los registros municipales de demandantes de VPO, pues supone un “incumplimiento” al tener la Junta la competencia en esta materia. Además, la orden de 1 de julio por la que se regulan los registros ha sumido en un desconcierto a los ayuntamientos que no disponen de medios materiales ni humanos para elaborarlos antes de finales de año, como exige la Junta.
Autonomía. Tras dejar claro que los consistorios no tienen obligación legal de elaborar los registros, añadió que el PP dejará autonomía a sus ayuntamientos para que lo hagan o no, si bien añadió que el Partido Popular defiende un registro autonómico de demandantes de VPO y con carácter optativo constituir otros de ámbito municipal.
Alicia Martínez también censuró la baja ejecución del actual plan de vivienda y suelo, ya que en 2008 se calificaron en Andalucía de forma definitiva 8.726 viviendas protegidas, “muy lejos del compromiso del PSOE” de 300.000 VPO en diez años a razón de 30.000 al año.
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