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S. SÁNCHEZ / AGENCIAS Los más de 2.000 acreedores de la promotora inmobiliaria Aifos podrán presentar las deudas que ésta tenía con ellos al juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga. La compañía, que en los últimos años ha centrado sus actividades en los sectores de primera vivienda y segunda residencia en Andalucía, Aragón y Alicante, entró ayer en un concurso voluntario de acreedores que supone la quiebra de la empresa, mientras que éstos podrán reclamar lo que Aifos les debe tras la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después tendrán un mes de plazo una vez que se les notifique esta situación.
Esta inmobiliaria dispone de un pasivo de cerca de 1.000 millones de euros, dependen de ella 150 empleos directos y alrededor de 10.000 indirectos y presentó el concurso por no poder llegar a un acuerdo con sus acreedores cuando ya estaba en un etapa preconcursal. De hecho, fuentes financieras aseguraron que los principales acreedores por volumen de los préstamos son Caja Madrid, Banco Popular, Caja España, Cajasol y Banesto, si bien la promotora también tenía créditos con La Caixa, BBVA, Caixa Galicia, Unicaja y Banco Pastor.
Según comunicó la empresa a través de una nota, el objetivo de instar a este procedimiento no es otro que el de “garantizar la construcción de las 3.000 viviendas suscritas con sus clientes y su entrega en el menor plazo posible”. Una de estos proyectos pendientes está relacionado con el área metropolitana de Granada. La firma constaba como uno de los socios del proyecto Ciudad Ilíberis, que planeaba la construcción de una urbanización de 8.000 viviendas en el término municipal de Atarfe.
Reordenación. Plantea Aifos que con ello se podrá reordenar la deuda “para combatir la crisis inmobiliaria así como garantizar la pervivencia de la actividad de la empresa, el cumplimiento de los contratos con terceros y el mantenimiento del empleo”. Aifos arrastraba desde hace varios años problemas derivados de la detención de sus principales ejecutivos en la primera fase de la operación ‘Malaya’ contra la corrupción municipal e inmobiliaria en la localidad de Marbella. Por ello, su presidente, Jesús Ruiz Casado, estuvo en prisión preventiva hasta que abonó una fianza de 500.000 euros. Hace unos meses, el mismo tribunal que ha admitido a trámite el actual concurso rechazó otra petición presentada por dos demandantes asesorados por Iure Abogados, que reclamaban al grupo una cantidad económica cercana a los 400.000 euros.
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