La Junta atribuye la crisis a la falta de consenso político y judicial

La delegada de Justicia, Begoña Álvarez, se defiende de las críticas haciendo un llamamiento a la cooperación y enumerando las inversiones de la administración desde que asumió competencias.

ÁLVARO CALLEJA. La delegada en Granada de Justicia, Begoña Álvarez, atribuyó los problemas que afectan hoy a la administración de justicia a la “falta de consenso” entre los principales partidos políticos y también entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial a la hora de poner en marcha o desarrollar las leyes o reformas que profundizaban en el diseño del nuevo modelo de sistema judicial. Álvarez intervino el pasado jueves, junto a profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en el acto de clausura del ciclo de debates ‘La Administración de Justicia, ¿reformas o cambio de modelo?’, organizado por el Club La Opinión y coordinado por el catedrático emérito de la Universidad de Granada, Nicolás López Calera, que ha reunido a los distintos colectivos que participan en en entramado judicial.

La intervención de la delegada de Justicia era una de las más esperadas teniendo en cuenta que la institución a la que representa, la Junta de Andalucía, ha sido blanco de muchas críticas por parte de totalidad de los colectivos invitados. Álvarez defendió la gestión de la administración autonómica, reconoció la organización “arcaica” del actual modelo judicial pero puntualizó que el colapso actual en los juzgados no es sólo responsabilidad de las administraciones públicas. “Se han querido introducir cambios pero nos hemos encontrado con frenos que impiden poner en marcha esos cambios”, explicó.

Sobre esta cuestión repartió culpas entre políticos y entre el gobierno de los jueces. Como ejemplo de ello se refirió a la ley orgánica del Poder Judicial de 2003, consensuada en un primer momento por los dos principales políticos pero que en trámite de aprobación en el Congreso y en el Senado se llegaron a presentar unas 700 enmiendas. También se refirió al intento en 2005 de impulsar el nuevo modelo judicial, “obstaculizado” por el informe vinculante que emitió el CGPJ contrario a la modificación procesal que concreta las competencias de jueces y secretarios judiciales. Todas estas cuestiones, lejos de suponer un avance, han supuesto un “freno” al proceso de modernización de la justicia.

Subrayó, ante las críticas sobre falta de medios y de personal, el esfuerzo inversor realizado por la Comunidad Autónoma desde que asumió las competencias. Como ejemplos de que no han escatimado en inversión, la delegada precisó que “en 1996 el gasto diario en la administración de justicia en la provincia de Granada era de 8.000 euros diarios y diez años después, de 30.000”. Trató de desmontar las opiniones de quienes cuestionan el papel de la Junta de Andalucía, recordando que en una década se han creado más de 18 órganos jurisdiccionales nuevos, cinco servicios comunes, el Instituto de Medicina Legal, las unidades de vigilancia de violencia de género, el servicio de asistencia a la víctima en Andalucía o la adquisición de edificios para hacer realidad la Ciudad de la Justicia.

Mención aparte tuvo la ineficacia de la aplicación informática. La responsable de la Delegación de Justicia reconoció que hubo “una falta de previsión absoluta” sobre las transferencias de las competencias a las comunidades puesto que cada gobierno regional invirtió en su propio programa sin tener en cuenta que eran incompatibles entre sí y, por tanto, resultando imposible el cruce de datos. ¿Quién paga hacerlos ahora compatibles? Álvarez aseguró que Andalucía está dispuesta a asumir el coste pero existen otras comunidades que no quieren hacer ese desembolso.

La solución a los problemas pasa, a su juicio, por “instaurar una cultura de la cooperación y diálogo en detrimento de la rivalidad”. “Debemos abrir canales de comunicación porque nos hemos encontrado con importantes frenos”, insistió Álvarez, quien recordó a los presentes, con la lectura de unas ordenanzas de 1499, que ya en época de los Reyes Católicos la justicia era lenta y, además, cara.