Los secretarios judiciales reclaman al juez la dirección del procedimiento

El colectivo judicial exige el desarrollo de la oficina judicial y la reforma de las leyes procesales para una adecuada asignación y redistribución de competencias.

ÁLVARO CALLEJA. La suspensión de dos años impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria judicial del ‘caso Mariluz’ fue el detonante de una movilización histórica el pasado mes de octubre. Hasta entonces pocos habían reparado en la figura del secretario judicial, esa “mano invisible” cuya función, en la mayor parte de las ocasiones, pasa desapercibida para la opinión pública y se ve solapada por la del juez. Precisamente, los secretarios judiciales fueron el pasado jueves los protagonistas de las jornadas de debate que organiza el Club de La Opinión, bajo la coordinación del catedrático emérito de la Universidad de Granada, Nicolás López Calera, y que llevan por título ‘La Administración de Justicia, ¿reformas o cambios de modelo?’.

Los tres invitados coincidieron en la necesidad de desarrollar la Ley Orgánica del Poder Judicial para no demorar por más tiempo la oficina judicial y enviaron un mensaje claro a los magistrados, a los que reclaman el sitio que les corresponde en el procedimiento judicial, esto es, su papel director en la gestión. Otro de los ‘dardos’ lo lanzaron a las distintas administraciones que operan en el sistema judicial. Los errores judiciales, como el protagonizado en el ‘caso Mariluz’, son consecuencia –según su denuncia– de las deficientes condiciones de trabajo.

Inmaculada Rey

Sobre el título de las jornadas, la secretaria del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Inmaculada Rey Zamora, recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial ya establecía en 2003 un cambio de modelo radical en el que se incluía una oficina judicial, cuya puesta en marcha estaba condicionada a la reforma de las leyes procesales.

Actualmente está en trámite parlamentario el proyecto de ley de reforma de leyes procesales pero, según Rey, adolece de algunos defectos puesto que no introduce suficientemente fórmulas para agilizar el procedimiento. A su juicio, una de las “lacras” del derecho proceso judicial es que el procedimiento es muy complejo, con multitud de trámites escritos y apenas oralidad.

No obstante, subrayó los avances obtenidos con la ley de enjuiciamiento civil que introdujo procedimientos cortos y orales, y también con la ley de enjuiciamiento criminal, que incorporó los juicios rápidos. En opinión de Inmaculada Rey, es necesario que aparezcan procedimientos donde prime la brevedad y la oralidad.

También se refirió a la “trampa” que esconde para los secretarios el proyecto de reforma. “Es cierto que se nos da un protagonismo especial en la tramitación pero, en realidad, no se nos da toda la dirección del procedimiento pese a que pertenecemos a un cuerpo superior jurídico y tenemos una formación que nos habilita para llevar todo el procedimiento desde el principio al fin”, explicó.

“El juez no debe estar preocupado por estar vigilando que el procedimiento siga los cauces adecuados, para eso está el secretario”, precisó Rey, quien también se refirió a las funciones que en dicha reforma se les atribuye y que hoy están desempeñando, en algunos casos, “sin cobertura legal”. Recordó que el Ministerio ha castigado a la secretaria judicial del ‘caso Mariluz’ de “forma tremenda” por unos defectos en el trámite de ejecución de sentencia cuando no se había confiado a dicha persona la decisión de aplicar dicho trámite.

Otro de los defectos que, a su juicio, no tiene en cuenta el proyecto de ley de reformas procesales se refiere a la “incorporación de las nuevas tecnologías aplicadas al procedimiento”. Respecto a la reforma de la oficina judicial, los secretarios echaron de menos “voluntad” para desarrollar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primer problema que plantea la oficina, a juicio de dicho colectivo, es el número o la pluralidad de órganos políticos –Ministerio de Justicia, CCAA y Consejo General del Poder Judicial– que intervienen en su gestión. Esta situación crea “distorsiones, disfunciones y malestar” porque los tres organismos públicos inciden en el control de horarios, bolsa de trabajo o dotación de medios.

Mª Dolores Marín

La secretaria del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria señaló que el fracaso de la organización de los servicios judiciales se remonta a veinte años atrás. María Dolores Marín recordó que el Libro Blanco de la Justicia y, con posterioridad, el Pacto de Estado por la Justicia hacían un diagnóstico preciso de los problemas que afectan a la administración. Coincidió con Inmaculada Rey en la necesidad de desarrollar la Ley Orgánica del Poder Judicial puesto que, cinco años después de su aprobación, el Gobierno tiene pendiente la reforma de las leyes procesales, mayores dotaciones económicas y la implantación de las nuevas tecnologías. Cuando en enero de 2004 entró en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial y se produce la transferencia de la dirección única de la oficina judicial de los jueces a los secretarios, “recibimos una casa en ruinas”, puntualizó Marín.

Aunque admitió que se ha producido en los últimos años un “notable” incremento de la planta judicial y de los medios, instó a la administración a “modernizar” la justicia. “El esfuerzo realizado hasta ahora no parece suficiente porque el tiempo que se invierte sigue siendo excesivo”, argumentó Marín sostuvo que la simple suma de medios ha fracasado y, por tanto, resulta imprescindible “dirigir con técnicas de gestión y organización los medios personales y materiales de la administración de justicia”. Propuso traer al ámbito de la administración de justicia conceptos más que arraigados en la empresa privada y utilizados con eficacia en otras administraciones públicas. Puso ejemplos concretos para “planificar, ejecutar y controlar” el trabajo con objetivos concretos, al tiempo que defendió el papel director del secretario judicial.

“Los jueces deben dedicar su esfuerzo a su función jurisdiccional, estudiar las cuestiones, celebrar las vistas, analizar las pruebas y dictar las resoluciones mientras que la dirección del procedimiento, su impulso y su ordenación y la gestión en el ámbito de los medios personales y materiales deben dejarla en manos de los secretarios judiciales que somos los directores naturales””, señaló. Como propuestas para mejorar la organización en el trabajo, que no requieren de una dotación presupuestaria, María Dolores Marín apostó por la creación de las comisiones mixtas, en las que participan secretarios y administración, así como las unidades administrativas, que regulan los medios y el personal.

Miguel Sáinz Septién

El secretario de la sección primera de la Sala Contencioso Administrativo del TSJA reconoció que el ‘caso mariluz’ “ha colmado el vaso del agua en todo el Estado” porque ha puesto en evidencia la falta de medios personales y materiales, En opinión de Miguel Sáinz Septién, al Ministerio de Justicia no le ha quedado más remedio que “ponerse las pilas” y enviar a las Cortes el proyecto de ley de reforma de la ley procesal para la implantación de la oficina judicial. A su juicio, se han perdido cinco años en establecer los mecanismos para la reforma de las leyes procesales.

Entre las carencias que el representante de los secretarios judiciales enumeró figuran la falta de las reformas procesales para que ellos puedan asumir las competencias que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, la necesidad de que las reformas coincidan con la puesta en marcha de la oficina judicial, mayor dotación de recursos materiales y personales, la implantación de sistemas informáticos que permitan ahorrar tiempo y sean compatibles en todo el territorio nacional, la entrada en funcionamiento de las unidades administrativas, la creación de las comisiones mixtas y la unificación de las dependencias orgánicas de los cuerpos que participan en la organización de justicia. Sobre este último asunto, Sáinz Septién propuso que tanto jueces y magistrados, como secretarios y el resto de personal dependan de una única administración que, a su juicio, debería ser del Consejo General del Poder Judicial.