Los jueces exigen más independencia frente al "oxidado" entramado judicial

Los magistrados admiten que han perdido poder frente a la Administración y reconocen que existe una “justicia a la defensiva” producto del “miedo a equivocarse".

ÁLVARO CALLEJA. Crisis de imagen y de eficiencia, crisis por desbordamiento o edificio en ruinas. Son algunas de las definiciones utilizadas el jueves por representantes de los jueces y fiscales en el transcurso de la segunda de las sesiones del ciclo de debates ‘La Administración de Justicia, ¿reformas o cambio de modelo?’, que coordina el catedrático emérito de la Universidad de Granada Nicolás López Calera y organiza el Club La Opinión. El diagnóstico de los principales protagonistas del sistema judicial no se limitó al mero análisis de la situación o a la simple exposición de sus reivindicaciones. Fueron críticos con su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y trataron de trasladar a la opinión pública cuál es la función y responsabilidad del juez, que “ha dejado de ser el director de orquesta” en un entramado judicial cada vez más complejo, donde “nadie”, tampoco la Administración, “pone orden y concierto”.

Rafael Toledano

La frase del magistrado de la sección segunda de la Sala Contencioso Administrativa del TSJA, Rafael Toledano, resume perfectamente la “complejidad” de la organización del sistema judicial, un entramado “oxidado” que requiere, a su juicio, “una estructura más moderna de funcionamiento” y, sobre todo, “pleno respeto a la independencia del poder judicial”.

Toledano recordó que la Justicia “nunca ha gozado de buena salud” aunque no cree que la situación actual sea peor que en el pasado. Si bien actúa de “contrapeso y elemento de equilibrio” en el funcionamiento del Estado de Derecho, “no pertenece al núcleo duro del poder”. “La justicia –dijo– es fuerte en sus principios y valores pero es débil en su capacidad para conectar con la ciudadanía y en su capacidad para defenderse”.

A su juicio, la “crisis de imagen” que afecta a la justicia tiene su origen en el diseño constitucional de servicio público y en el sistema de “cuotas” del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, que los ciudadanos ven que responde a intereses políticos. Toledano también se refirió a la crisis de eficiencia pues no existe un nivel estándar de calidad como servicio público y los juzgados funcionan como “islotes”. Como solución confió en que la reforma de la Oficina Judicial permita mejorar la organización. No se mostró partidario de crear más órganos judiciales sino de “distribuir mejor la planta judicial con una estructura más conectada y centralizada”.

Miguel Pasquau

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA centró su intervención en el régimen de responsabilidades del juez. Miguel Pasquau se refirió a la “crisis por desbordamiento” para definir el momento actual de la Justicia que atribuyó al incremento de la litigios pero no de los medios, por lo que consideró legítimas las aspiraciones de los jueces. En su opinión, el actual modelo requiere reformas si bien lamentó que no existe consenso entre los diferentes agentes que participan en la Administración de Justicia a la hora de aplicar soluciones. Depositó su confianza en la puesta en marcha de la Oficina Judicial donde el protagonismo lo tendrán varios jueces y el trabajo se debe organizar con criterios “modernos y eficientes”. Pero donde centró su atención fue en el “desajuste o desbarajuste” del régimen de responsabilidades de los jueces.

La imagen del juez como máximo responsable de cualquier negligencia causa “vértigo”, sobre todo en los juzgados unipersonales –un sólo juez– y genera “disfunciones graves e indeseables”. Se refirió a la existencia de una justicia “a la defensiva” debido al “miedo a equivocarse”. Además de implicar un perjuicio a los ciudadanos, Pasquau sostuvo que lleva aparejado otra disfunción: la “desmoralización o caída de brazos”. Esta situación se ve agravada, dijo, por la “abusiva utilización de la potestad sancionadora del CGPJ”. A su juicio, se debe ajustar el régimen de responsabilidades en función de la conducta de cada uno, es decir, “a cada cual lo suyo”: “no se pude hacer responsable al juez de cualquier deficiencia organizativa, sólo de los errores que con una diligencia razonable hubiese podido evitar”, precisó.

Miguel Ángel Torres

El juez de lo Penal 5 de Granada, conocido por la instrucción del ‘caso Malaya’, se mostró muy contundente en su diagnóstico. Apostó por un “cambio de modelo radical” del sistema judicial, un “edificio en ruinas” que, a su juicio, “no interesa a los responsables de las administraciones porque no ofrece rentabilidad política o votos. “Hace falta un sistema nuevo de Justicia que deje de ser la cenicienta de los presupuestos y que realmente sirva para defender los problemas de los ciudadanos y protegerlos frentes a los abusos de las administraciones”, recalcó. A su entender, la Justicia ha perdido una serie de competencias en los juzgados frente a las administraciones que “han reforzado su control o tentáculos”. “Pero no la responsabilidad, que sigue siendo del juez”, censuró.

Reflexionó sobre aquellas cuestiones que “esperan los ciudadanos de nosotros”: independencia frente a las presiones políticas o de grupos económicos, hacer valer el principio de igualdad ante la ley (tutela judicial efectiva y asistencia letrada” y evitar las resoluciones “inesperadas” o “extravagantes”. Fue muy crítico con el método de elección de los miembros del CGPJ y con la excesiva burocracia de la organización judicial pero, sobre todo, defendió la necesidad de hacer una “justicia accesible y asequible” donde el ciudadano se sienta cómodo en un lugar que definió hoy como “inhóspito y frío”.

Reconoció que en ocasiones se obliga a que las víctimas y los acusados permanezcan de pie en el mismo pasillo o se les aloja en las salas de archivo porque no hay otro lugar más apropiado. Entre sus propuestas destacó la creación de un punto de información, un servicio de atención al público para que los ciudadanos puedan consultar el estado de su procedimiento, la puesta en marcha de la Oficina Judicial para mejorar la distribución del trabajo, cambiar el sistema de taifas en los juzgados, mejorar la imagen de la justicia o la necesaria implantación de las nuevas tecnologías, entre otras.

Guillermo Sena

Para el teniente fiscal, una reforma en profundidad de la justicia supone un cambio de modelo. Sena consideró “inevitable” afrontar el problema de “forma urgente”. “Cada día que pasa sólo empeora la situación, sobre todo a la vista del aumento constante de los litigios”, advirtió, para quien la solución es “una cuestión de Estado”. El aumento de plantilla puede ayudar aunque apostó por mejorar la organización. Sena aseguró que la Fiscalía no sufre retrasos “significativos” debido al trabajo en equipo y al necesario control de las causas pendientes, si bien admitió que algunas adscripciones tiene sobrecarga de trabajo. Propuso establecer un sistema de funcionariado volante para evitar en lo posible el problema de la interinidad al tiempo que defendió, al igual que el resto de intervinientes, la “despolitización” de la justicia.

“La política debe quedarse a las puertas de la Administración de Justicia, que no se la utilice judicializando temas que deben solucionarse en el ámbito político”, También apuntó la posibilidad de que la plantilla de la fiscalía deba incrementarse si se asume la labor instructora que en la actualidad hace el juez, al tiempo que solicitó más protagonismo del ministerio público en la composición del CGPJ. Por último, la senadora socialista María Escudero, presente entre el público, cerró el debate lamentando la “ruptura del diálogo” con la administración, que atribuyó a los jueces, a la vez que llamó al sentido de la responsabilidad. “Estamos dando una imagen de Estado débil”, apostilló.