LA OPINIÓN.
Todos los participantes pasaron de puntillas sobre la polémica huelga convocada por los jueces que en Granada se ha demorado a junio a la espera de que se produzcan avances en la negociación con el Ministerio de Justicia. Fue precisamente el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Gregorio Cámara, quien en el turno de participación del público obligó a los cuatro ponentes a “mojarse” sobre el derecho a la huelga.
En esta punto, la opinión no fue tan coincidente. Miguel Ángel Torres, del Juzgado de lo Penal 5, fue contundente a la hora de defender dicha posibilidad como trabajadores por cuenta ajena. Ante las diferentes interpretaciones de la Constitución, Torres opinó que “si no está prohibido debe interpretarse siempre con criterios expansivos y no restrictivos”. Rafael Toledano, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, se mostró abiertamente contrario a dicha posibilidad.
Desde su punto de vista, el juez asume un poder del Estado, lo debe detentar y ejercer con responsabilidad por lo que consideró “absurdo” secundar un paro aún siendo, a diferencia del diputado o legislador, trabajador por cuenta ajena. Más ambiguo se mostró Miguel Pasquau, quien admitió razones para apoyar dicha protesta aunque precisó que “el juez que defienda la huelga tiene que estar dispuesto a defender una huelga indefinida, y eso es más complicado”.
El juez decano, Antonio Moreno, que también acudió al encuentro en el Club La Opinión, aludió a la falta de medios y a los reiterados incumplimientos de la Administración para justificar el derecho de los jueces a la protesta. “No nos han dado medios y al final los males se achacan al juez, no tenemos otra forma posible, hemos dicho basta”, concluyó.